Privados de la libertad cinco presuntos integrantes de grupo delictivo dedicado al sacrificio y beneficio clandestino de cerdos en Risaralda

Mediante labores de investigación la Fiscalía General de la Nación descubrió una planta de producción ilegal de carne de cerdo, pues Estos no contaban con la autorización del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) ni de la Secretaria de Salud Departamental de Risaralda, para realizar actividades de producción primaria, sacrificio, beneficio, desposte, desprese, transporte y comercialización al público, en el municipio de Santa Rosa de Cabal.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos presentó en la ciudad de Pereira (Risaralda) ante un juez penal de garantías a las cinco personas, a quienes les fueron formulados cargos, en calidad de coautores, por los delitos de concierto para delinquir, contaminación ambiental y corrupción de alimentos, productos médicos o materiales profilácticos. Los procesados, que aceptaron su responsabilidad y fueron cobijados con detención domiciliaria, son:

  1. Asael Arboleda Osorio, alias el Gordo, supuesto jefe de la organización.
  2. Gabriel Antonio Arteaga, alias Gaby, quien al parecer se encargaba de la comercialización.
  3. José León Arboleda, alias Leo, servía de vigía, avisaba los movimientos de las autoridades.
  4. Alberto Acevedo Salazar, alias Garrafón, supuesto colaborador en el sacrificio clandestino.
  5. Jhon Fredy Arboleda, alias Jhon, a cargo de transportar la carne.

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El ente acusador estableció que durante dos años estos hombres  obtuvieron el beneficio económico por ser los dinamizadores, transportadores y comercializadores de la citada planta, que funcionaba en una casa común con adecuaciones.

La privación de la libertad de las cinco personas y el desmantelamiento de este Grupo Delictivo Organizado (GDO) en todas sus fases de la cadena criminal, hacen parte de los resultados del direccionamiento estratégico establecido por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, para judicializar los actos que atenten contra la salud pública, los recursos naturales y el medio ambiente.

REDACTADO POR LAURA MARIN GUERRERO.

 

 

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