La necesidad del derecho ambiental su historia y su aporte a la sociedad y al territorio, en tiempos de pandemia.

Por: Jorge Ancizar Cabrera Reyes.

“El arte, la gloria, la libertad se marchitan, pero la naturaleza siempre permanece bella”. Lord Byron.

Un día como ayer 19 de septiembre de 2014, hace seis años, culminó el “X encuentro Constitucional de la Tierra”, evento realizado en el Centro de Convenciones “Alfonso López Pumarejo”, de la Ciudad de Ibagué y en ella también participó con su fluida inteligencia nuestro coterráneo e hijo de Ibagué y para esa época Magistrado de la Honorable Corte Constitucional doctor Mauricio González Cuervo, que además fue esclarecido Presidente de la Alta Corte Constitucional, con su conferencia titulada “Ciudadanía Ambiental”, en referencia a la consulta previa y en registro de su brillante y académica exposición jurídica y del derecho ambiental terminó con la frase “El Hombre en los Árboles”.

Igualmente, intervinieron expertos, panelistas de diversas disciplinas académicas y ambientalistas con variadas ponencias sobre el tema ambiental, que sin lugar a dudas han contribuído a informar a la opinión pública, inclusive desde estos medios periodísticos como lo hemos realizado varios columnistas, socializando los instrumentos jurídicos sobre el tema ambiental, haciendo pedagogía para defender y proteger los recursos naturales, el recurso hídrico, el ecosistema, la biodiversidad y las alertas sobre el cambio climático global y sus consecuencias.

El derecho ambiental, como disciplina jurídica y ahora más en tiempos de la pandemia del Covid-19, debe ser considerado en su integralidad para buscar conforme a sus normas conceptuales el desarrollo sostenible y sustentable, como condición indispensable para mejorar la calidad de vida de los seres vivos que habitamos el planeta tierra, en la esfera de las relaciones hombre – naturaleza.

Como en su tiempo de Ministro del Medio Ambiente, hoy llamado Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, lo dijera el doctor Manuel Rodriguez Becerra: “La Ley 99 del 22 de diciembre de 1993 basa su fuerza en tres grandes pilares. El primero es la creación de un ente que es un interlocutor válido frente al resto del Estado, la sociedad civil y la comunidad internacional, y la incorporación de instituciones y entidades territoriales como gestoras de la política ambiental.

El segundo pilar lo conforman los nuevos espacios y mecanismos de participación ciudadana en la gestión ambiental. Sólo en la medida en que los asociados adquieran una mayor responsabilidad por el cuidado del entorno natural y sus recursos, será posible su uso racional, aprovechamiento y conservación.

El tercero consiste en la asignación de recursos económicos que permitan el financiamiento de la nueva cartera y de sus organismos, para que puedan afrontar el reto de detener la crisis ambiental”.

Esta Ley 99 de 1993 es el resultado de un hito relevante e histórico coincidieron tanto la Cumbre de la Tierra en la ciudad de Río de Janeiro en Brasil sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, reunida entre el 3 al 14 de junio de 1992, reafirmando la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, aprobada en Estocolmo el 16 de junio de 1972 y la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 que comenzó con su primera sesión en el Capitolio Nacional el 6 de Febrero de 1991 y su refrendación hecha en la fecha del 6 de julio de 1991, que derogó y refirmó la Constitución de 1886.

Y trajo entre otros temas fundamentales la Creación del Ministerio del Medio Ambiente, hoy llamado Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, tanto la Constitución Política de 1991 como los acuerdos logrados y rubricados en Río por la Comunidad Internacional, se constituyó un año más tarde, en el mandato obligado para ese proceso de redacción de la Ley, comenzando en 1990 por el Ministerio de Agricultura, el Departamento Nacional de Planeación y el antiguo Inderena que permitió la concreción de la Ley 99 del 22 de diciembre de 1993 fecha en que fue sancionada y de ahí ha habido diversa y variadas disposiciones tanto jurisprudenciales como normativas sobre el tema ambiental.

 

 

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