La descentralización, la paz y la participación ciudadana, agenda recurrente en tiempos de pandemia.

Por : Jorge Ancizar Cabrera Reyes.
Abogado especializado en Gestión de Entidades Territoriales Universidad Externado de Colombia.

La Constitución Política de 1991, que se aproxima a los 30 años de su vigencia, y para que la actual dirigencia en todos los niveles oxigenen la democracia. debe pensarse ahora en tiempo de pandemia y centrase en aspectos operativos que tienen que ver con los objetivos fijados por un gobierno democrático y, en un Estado Social de Derecho, continuar caminando hacia la construcción del país real y su recuperación económica como herencia del Covid-19, en pos de lograr y buscar una administración descentralizada, que mejore la calidad de gestión, para que haya menores costos, se incremente la eficiencia, se promueva el desarrollo de las autonomías, se posibilite el incremento de participación de la gente, se reduzca el gasto público improductivo y se erradique la corrupción en las entidades territoriales.

Desde lo político la descentralización se deberá desarrollar en un marco de conversación y de pactos, que signifique consensos: es el principio fundamental de la autonomía, que implica la posibilidad de involucrar a todos los interlocutores que tienen que ver con el proceso de descentralización, para fijar pautas y lograr en concreto, obras, servicios y funciones. La descentralización y la regionalización, así como el ordenamiento territorial son problemas de fondo, porque diseñan el Estado que se quiere, con el proyecto de país compartido que anhelamos todos; es la fuerza determinante de la reconstrucción de la nación.

Aunque, se haya expedido la Ley 1454 de 2011 “por la cual se dictan normas orgánicas sobre el ordenamiento territorial y se modifican otras disposiciones”, estas herramientas jurídicas aportan algo al proceso descentralista, de planeación, gestión y administración; pero se requiere que el Gobierno, el Congreso y las Entidades Territoriales, hagan un estudio de fondo, para concebir y concretar la expedición de una verdadera ley de ordenamiento territorial, adecuada a los tiempos de hoy, para que los gobiernos locales y departamentales, sean más eficientes a los retos de la globalización y a los procesos de participación ciudadana y comunitaria, que acerque al Estado a los pobladores con traslado de responsabilidades y recursos, para un real fortalecimiento democrático. No hay que tenerle miedo al cambio que se requiere ahora.

Desde lo social creemos que ahora, el énfasis para que se empodere a cada región y a cada municipio, para lograr encontrar su propio destino, respetando sus condiciones físicas y su potencial eco sistémico, desde el clima, los recursos naturales, la diversidad cultural, lo social, lo económico, desde su entorno, la idiosincrasia, la superficie, la densidad, el ambiente, porque todo hace que las soluciones que se adopten para los temas o problemas, deben tener un punto de referencia común.

Hay que repensar la participación ciudadana, si no la hay; la descentralización se convierte en un buen ejercicio de adecuación de estructura burocrática de centralismo, pero no permite su objetivo de resolver problemas concretos en la base social incorporando al actor y al sujeto beneficiario.

La descentralización exige un proceso de reconciliación nacional entre la sociedad civil y la sociedad política. Tenemos la herencia del Frente Nacional, donde existía la ruptura de la clase política y las organizaciones de la sociedad civil, por lo que se hace necesario encontrar los instrumentos que articulen la sociedad civil con el Estado y que devuelva la calidad de ciudadano a una persona que había sido marginada y excluida de dicho ejercicio.

Las Entidades Territoriales, deben apostarle a poner en marcha una política conjunta de cooperación descentralizada para su desarrollo sostenible. Se presenta así una oportunidad estratégica para orientar la definición de alternativas regionales y locales, generando espacios concretos que tienen como propósito la prevención y contención del conflicto, de negociaciones de paz y de reconstrucción. Para el proceso de búsqueda de salida negociada del conflicto social y armado que aún persiste en Colombia, a pesar del acuerdo firmado por el Estado y las Farc Ep en la Habana.

La descentralización en el proceso de paz, los nuevos acuerdos con otros actores al margen de la ley, es un tema que debe ser recurrente y de primera línea.

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