Fiscalía judicializa zona de extracción ilegal de gravilla y material de arrastre.

La Fiscalía General de Nación en compañía de la Policía Nacional, a través de investigaciones que priorizan el cuidado del medio ambiente, lograron identificar una vasta zona sobre el Río Vaupés, que durante cinco años habría sido intervenida ilegalmente para la extracción ilegal de gravilla y material de arrastre.

Por este hecho, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos presentó ante un juez de control de garantías de Bogotá y uno de Mitú (Vaupés), a nueve personas: el exalcalde de Mitú, Daniel Bernal Córdoba; el exdirector de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazónico (CDA) Regional Vaupés, Miguel Antonio Villamil Vargas; la ingeniera ambiental y profesional de la CDA Regional Vaupés, Liliana Patricia Gasca Peña; y seis particulares que estarían directamente vinculados a la extracción ilegal.

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Los particulares judicializados fueron identificados como Gustavo Armando Pulga Daza, William Pulga Daza, Dagoberto Angarita Sastoque, Ramón Hernando Piranquive Palacios, Samuel Guevara Segura y Jesús Hernán Correa Yepes. Este último fue imputado en la ciudad de Mitú.

Según las investigaciones y el material probatorio obtenido, en 2013 se habría solicitado a la Agencia Nacional de Minería (ANM) un título para la explotación de arena, grava y gravilla en el Río Vaupés. La petición fue negada, debido a que la zona es una reserva de especial protección que, adicionalmente, abarca territorio indígena y el 25% de la ciudad de Mitú. Sin embargo, se iniciaron labores de extracción de manera antitécnica.

La investigación estableció que Gustavo Armando Pulga Daza, dueño de una draga, sería el encargado de realizar los contactos para garantizar la extracción sin inconvenientes legales y supuestamente comercializar el material obtenido en obras civiles del Municipio. Por su parte, el exalcalde y los exfuncionarios de la CDA, al parecer, favorecieron la explotación y omitieron el deber de vigilar, restringir y denunciar toda actividad minería ilegal en Mitú.

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Durante las audiencias concretadas, el fiscal de conocimiento solicitó la imposición de medidas especiales que garanticen la protección efectiva del Río Vaupés y toda su área de influencia, al tiempo que pidió privar de la libertad a los nueve procesados.

Finalmente, la Fiscalía imputó a los procesados los delitos de concierto para delinquir agravado, explotación ilícita de yacimiento minero, contaminación ambiental e invasión de áreas de especial importancia ecológica. Adicionalmente, les formuló el cargo de prevaricato por omisión a los tres exfuncionarios. Algunos de los judicializados fueron cobijados con medidas privativas y no privativas de la libertad.

 

Redactado por: Nicole Homez.

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