Por: Jorge Ancizar Cabrera Reyes.

A propósito de las Protestas y/o Mingas Indígenas, con participación de organizaciones campesinas y de la sociedad civil, que se venían adelantado antes de la pandemia, principalmente en el departamento del Cauca, suspendidas por el Covid-19 y, la continuidad del escalonamiento del conflicto, los asesinatos de 14 líderes sociales, en lo que va corrido del año, según estadísticas de la defensoría del pueblo, en la región del Cauca, incluídos miembros indígenas, campesinos y el desplazamiento forzado de algunas comunidades que está sucediendo en estos momentos.

El desplazamiento es una violación de los derechos humanos: “No se podrá ordenar el desplazamiento de la población civil por razones relacionadas con el conflicto, a no ser que así lo exija la seguridad de las personas civiles o razones militares imperiosas. Si tal desplazamiento tuviera que efectuarse, se tomarán las medidas posibles para que la población civil sea acogida en condiciones satisfactorias de alojamiento, salubridad, higiene, seguridad y alimentación”. Artículo 17. Protocolo II de Ginebra.

Como hecho histórico recordemos el alzamiento comunero que el 16 de marzo de 1781 en el “Tumulto en el Socorro. Manuela Beltrán rompe el edicto sobre el impuesto de la Armada de Barlovento”.

Según la Cronología Comunera.
También hubo por esa época al mando de José Antonio Galán, levantamientos tumultos, protestas y amotinamientos indígenas, luchando y reclamando sus derechos.
Las capitulaciones fueron principalmente formas jurídicas adoptadas por los comuneros que venían usándose siglos atrás en España y en el proceso de conquista; en el caso de la insurrección comunera de 1781, consistió en una enumeración de peticiones que contenían la reinvindicación de derechos principales económicos, administrativos, políticos y religiosos solicitados por la población de criollos, mestizos y esclavos del Nuevo Reino de Granada.

Ojalá en el país real, del año 2020, en tiempos de la pandemia, los indígenas, los campesinos y organizaciones de la sociedad civil, que venía reclamando con su legítimo derecho constitucional a la protesta social, logren esas reinvindicaciones a sus justas peticiones, buscando canales de diálogo directo con el gobierno del Presidente Duque, para lograr la paz en esos territorios y que después de que pase la emergencia sanitaria, no se vuelva a los paros y bloqueos.

Igualmente, se busquen Acuerdos entre los funcionarios del alto gobierno y las comunidades indígenas y campesinas para que con las herramientas jurídicas dictadas en el Decreto 417 del 21 de marzo del 2020 “Por el cual se declara el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el Territorio Nacional”. Y el Decreto 457 del 22 de marzo del año 2020 “Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento de orden público”. Con ello también se establezca cumplimiento a las actas firmadas y acordadas entre el Estado, las Autoridades Indígenas y la Dirigencia Campesina.

No a la violencia, lo importante en las negociaciones son actos de paz, de convivencia; de reconciliación y cumplimiento de lo acordado.

 

 

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